Línea base de Programa de facilitadores judiciales sugiere que personas prefieren resolución alternativa de conflictos.
Cooperativa Sulá Batsú realizó en el mes de abril una consulta en distintos lugares del país para hacer la línea base del Programa de Facilitadores Judiciales. La implementación de la figura de la persona facilitadora judicial se hace en el país desde el año 2013. Esto corresponde a un esfuerzo enlazado entre la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia (CONAMAJ), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Poder Judicial de Costa Rica.
Parte del equipo Sulá Batsú en la realización de encuestas.
El Programa de Facilitadores Judiciales funciona a nivel interamericano, su objetivo principal es contribuir a la gobernabilidad democrática mejorando los niveles de acceso a la justicia y la reducción de la pobreza a través de un mecanismo de participación para ejercer la ciudadanía sustantiva en materia de acceso a la justicia.
Según la OEA, este Programa “ha significado una reducción de la conflictividad y del índice de delitos”. En el país, el programa aún es joven como para medir esta clase de impacto, pero esta ha sido la experiencia en país como Nicaragua y Guatemala.
Por otra parte, existe muy baja confianza en el sistema de justicia dentro de la población consultada. Cabe destacar que se hace una asociación directa de lo judicial con la policía; muy pocas veces se asocia con los magistrados y otros funcionarios del sistema. La población consultada percibe deficiencias en el funcionamiento de la policía, pero a pesar de esto, la mayoría de personas aseguran que en caso de ser víctimas de delito, recurrirían a esas autoridades.
Las y los facilitadores judiciales auxilian a jueces en trámites, difunden leyes y normas cívicas entre la población de manera directa y accesible, asesoran y acompañan a la población en temas de trámites y procedimiento y coordinan acciones con los gobiernos locales.
El equipo de Sulá Batsú estuvo compuesto por ocho encuestadores y encuestadoras de diversas áreas como la sociología, antropología y arqueología y fueron ellos quienes realizaron la consulta para establecer la línea base del Programa de la OEA.
Las comunidades consultadas fueron de Nandayure, San José La Montaña, Los Chiles, Upala, Guatuso, Pococí, Siquirres y Guácimo, encuestando alrededor de 800 personas.